La mayor parte de esta sanción (131,1 millones) ha sido impuesta por una vigilancia “deficiente” de la producción de viñedo, en referencia a la prohibición de cultivo para aquellos productores que no tengan “derechos de plantación”, informó la CE, en un comunicado.
Asimismo, la CE reclama 1,06 millones por insuficiencias relacionadas con los planes de desarrollo rural, en particular en los controles sobre el terreno, la medición de las parcelas y la aplicación de buenas prácticas.