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CON LA CREACIÓN DE LA ENTIDAD ASOCIATIVA PRIORITARIA COMO NUEVA FIGURA DE ÁMBITO SUPRA-AUTONÓMICO
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado que el proyecto de Ley de cooperativas, reforzará “la competitividad del sector agroalimentario y su capacidad de internacionalización”.
“Queremos favorecer un modelo cooperativo empresarial profesionalizado, generador de valor con la creación de grupos cooperativos de dimensión relevante; moderno y competitivo, con vocación exportadora, generador de empleo de calidad y que contribuya a la sostenibilidad del sector agroalimentario español”, ha resumido.
Durante la defensa del Proyecto de Ley en el debate de enmiendas a la totalidad en el Congreso de los Diputados, el ministro ha recordado que en España existen unas “4.000 Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación que, en total, apenas facturan 19.000 millones de euros; y de las 35.000 empresas agroalimentarias, más del 90% son pequeñas y medianas empresas”.
Esta cifra contrasta, tal y como ha explicado el ministro, con las cifras de facturación en Europa, donde las dos principales cooperativas en los Países Bajos, una del sector lácteo y otra cárnica, facturan tanto (18.636 millones de euros) como las 4.000 españolas; o en Alemania, ha añadido, donde la mayor cooperativa factura 8.795 millones, la mitad que todas las españolas; y en Suecia, donde una sola cooperativa factura 6.200 millones, un tercio del total español. “Las sesenta cooperativas españolas más potentes facturan tanto como la quinta cooperativa europea”, ha afirmado.
Por este motivo, con esta reforma el Gobierno quiere poner a disposición del sector los medios que permitan su redimensionamiento. Arias Cañete ha explicado que se pretende poner en marcha “medidas para la potenciación de grupos comercializadores de base cooperativa y dimensión supra-autonómica, capaces de operar en toda la cadena agroalimentaria y en los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo a mejorar la renta de los agricultores y consolidar el tejido industrial alimentario de nuestras zonas rurales”.
Objetivos
El objetivo fundamental que persigue el proyecto de ley es fomentar la integración de productores y la fusión de cooperativas para la constitución o ampliación de entidades asociativas de ámbito supra-autonómico, mediante dos instrumentos:
1.- El Plan Estatal de Integración Asociativa, cuyo objetivo es coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, en colaboración con el sector, para aunar esfuerzos y promover las medidas que puedan conducir a la concentración de la oferta.
2.-La creación y fomento de la Entidad Asociativa Prioritaria como nueva figura de ámbito supra-autonómico.
El ministro ha destacado que los fines del proyecto son el fomento de la integración de productores y de entidades asociativas en los primeros eslabones de la cadena alimentaria, la mejora de la formación de sus cuadros directivos y la mejora de la renta de los productores agrarios en ellas integrados.
Para ello, el proyecto de ley contiene las condiciones que deben cumplir las entidades asociativas prioritarias para su reconocimiento, relativas a su ámbito de actuación supra-autonómico, obligación de comercialización conjunta de la totalidad de la producción, así como el montante de facturación; y establece las ayudas y beneficios previstos ante las diferentes situaciones de prioridad.
Entre los incentivos que se van a emplear para fomentar las entidades asociativas prioritarias, cabe destacar las ayudas y subvenciones en materia de formación y asistencia técnica, mejora de los procedimientos de gestión, transformación y comercialización, inversiones, internacionalización, promoción, I+D+i, nuevas tecnologías y otras.
Además, se crea el Registro Nacional de Entidades Asociativas prioritarias, adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria. La inscripción en el Registro será a petición de la entidad interesada.
Financiación
Por otro lado, el proyecto regula el régimen de financiación de las ayudas, la colaboración de las Comunidades Autónomas y el Plan Estatal de Integración Asociativa. Las ayudas podrán ser financiadas por la Administración General del Estado y por las Comunidades Autónomas.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente estará obligado a presentar en la Conferencia Sectorial el Plan Estatal de Integración Asociativa, en el que se incluirán las previsiones y dotaciones del Departamento para impulsar la aplicación de la nueva ley, así como las actuaciones previstas, en este mismo sentido por las Comunidades Autónomas.
Este proyecto de ley se fundamenta en el título competencial que atribuye al Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13ª de la Constitución). Asimismo, la jurisprudencia constitucional (SSTC 72/83; 44/84; 165/85 y 88/89 entre otras) atribuye la competencia exclusiva al Estado sobre las cooperativas de ámbito supraautonómico, sin perjuicio de cuantas medidas de apoyo establezcan las CCAA en relación a las cooperativas de su ámbito territorial.
En definitiva, ha destacado Arias Cañete, el proyecto de ley cumple “rigurosamente con los principios de lealtad y respeto al ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas”. “Igualmente, contribuye a garantizar el principio de la libre competencia y el de unidad de mercado, principios rectores de nuestra economía, pues incentivará el redimensionamiento del sector con medidas que se ajustan a las prescripciones del derecho comunitario”, ha añadido.
Aunque en los últimos 5 años el número de agricultores asociados a cooperativas de primer grado se ha incrementado en un 16,8 % y la facturación de las cooperativas en un 22%, el ministro ha explicado que todavía “no se ha alcanzado un grado de dimensionamiento que les permita defender una posición negociadora en la cadena acorde con el grado de integración de sus clientes”.
El proyecto de Ley sobre fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros el 8 de Febrero, es fruto de la colaboración con todos los sectores implicados. Previamente a su aprobación en Consejo de Ministros han sido consultadas las Comunidades Autónomas, las principales entidades representativas del sector y las organizaciones profesionales agrarias, incorporándose en el texto muchas de sus aportaciones.